Una vez más se demuestra que lo denunciado por los vecinos, con apoyo de la iglesia y la Fundación Alameda, es clave para avanzar en erradicar a las mafias que generan inseguridad.
Se trata de "Play Woman", ubicado en Azcuénaga 1968. Personal del
lugar le habría ofrecido trabajo a dos adolescentes de 13 años.
Dosadolescentes de 13 añosde precaria situación social
recibieron un ofrecimiento para prostituirse en un cabaret del barrio porteño
de Recoletaa cambio de 2 mil
pesos por noche, la mitad de lo cual se los quedaría "el jefe".
Fuentes
judiciales precisaron que el reclutamiento de las chicas fracasó porque el
padre de una de ellas lo denunció y ahora el juez federal Marcelo Martínez de
Giorgi lleva adelante una causa penal por el delito de "trata de
menores".
El
ofrecimiento había sido hecho por un taxista que transportaba a las jóvenes y
les propuso llevarlas al boliche"Play
Woman", ubicado en la calleAzcuénaga
1968, con la promesa de que allí obtendrían trabajo muy bien remunerado.
Las
adolescentes accedieron y dentro del cabaret conversaron con un encargado,
quien les explicó las condiciones laborales, a la vez que les propuso que
volvieran a la noche del día siguiente vestidas con ropas ligeras y provistas
de sendos DNI de chicas mayores de edad.
Al
volver a sus casas, una de las chicas le comentó a su padre la novedad y dijo
incluso que "el jefe" de la organización se quedaría con la mitad de
lo que recaudara por noche, por lo que el progenitor realizó la denuncia.
La Sala
I de la Cámara Federal porteña debió dirimir una cuestión de competencia y
decidió que sea el fuero federal que investigue el caso y no la Justicia
ordinaria.
Todo fue
descubierto por una persona que vive en el edificio y llamó a la comisaría
17a., en Recoleta: la puerta de servicio del departamento del 5° piso estaba
violentada y la puerta, abierta de par en par. Un hecho más en una zona
castigada por la delincuencia si no fuera porque la propiedad figura a nombre
de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
El hecho, que trascendió ayer,
ocurrió el tercer sábado de junio pasado en un edificio situado en Uruguay y
Juncal, donde la Presidenta vivió cuando fue senadora y diputada nacional. En
ese departamento el ex presidente Néstor Kirchner se reunía con personalidades
de la política y recibía a periodistas.
Tres fuentes de la Policía Federal
admitieron que existió una intervención de la comisaría 17a., pero negaron que
hubiera habido un asalto. Dijeron que se radicó una denuncia por intento de
robo. Los mismos voceros señalaron que la cerradura que pareció rota fue la de
puerta principal del edificio, no la del departamento del 5° piso. El edificio
tiene seis pisos con la misma cantidad de departamentos.
La persona que se comunicó con la
seccional 17a. de la Policía Federal no supo si los delincuentes que
violentaron la puerta de servicio del departamento robaron pertenencias. Sí se
pudo saber que, el día de los hechos, en el 5° piso no había nadie.
Según pudo saber LA NACION de
vecinos de la zona, el departamento está ocupado por un abogado oriundo de La
Plata. No precisaron si la propiedad está alquilada o si fue prestada a algún
familiar o conocido.
El hecho se conoció anteanoche a
partir de una publicación del blog de Jorge Asís, en el que se hacía referencia
a las denuncias de los vecinos (aunque no mencionaba con nombre y apellido a la
Presidenta).
El edificio tiene su entrada
principal por Uruguay 1306 y por Juncal 1411 está habilitada una puerta de
servicio.
El encargado del edificio, que se
identificó como Julio, dijo a LA NACION: "No hubo ningún robo. Tampoco es
cierto que el departamento pertenezca a la Presidenta. Los Kirchner vendieron
la propiedad hace como dos años".
En su última declaración jurada,
la presidenta Fernández de Kirchner dijo tener dos departamentos en Recoleta,
uno de 160 metros cuadrados adquirido en 1980, y otro, de 392 metros cuadrados,
que fue comprado en 1999. No especificó si recibía ingresos por el alquiler de
esas propiedades. Esa declaración de bienes corresponde a fines de 2011 e
incluye la sucesión de Néstor Kirchner; en el Gobierno no aclararon que hubiera
existido alguna operación posterior en esas propiedades.
El edificio de Uruguay y Juncal no
tiene una custodia permanente. La Casa Militar, que depende de la Secretaría
General de la Presidencia, tiene la obligación de custodiar a la Presidenta y
su familia directa (hijos, madre, hermanos). Vigila la residencia permanente y
temporaria, es decir la quinta de Olivos y sus propiedades de El Calafate o Río
Gallegos, donde suele pasar fines de semana. Pero no controla los lugares donde
no duerme, como el caso del departamento de Recoleta. Sí hay un vigilante de la
Policía Federal de la comisaría 17a. que recorre el barrio.
"GRAN
CANTIDAD DE POLICÍAS"
"Todo sabemos que hubo un
robo. Ese día hubo una gran cantidad de policías que entraba y salía del
edificio", contó una mujer que trabaja en un comercio a metros del lugar
de los hechos.
Otra comerciante sostuvo: "El
policía que hace la vigilancia en el barrio me contó que entraron a robar en el
departamento de la Presidenta".
Según pudo saber LA NACION, el
hecho ocurrido en junio pasado no fue el primer hecho delictivo en el edificio.
En diciembre de 2010, al menos
cuatro delincuentes lograron ingresar en uno de los seis departamentos.
Dos de los ladrones despertaron a
la propietaria del departamento, que ante la sorpresa les espetó: "Ustedes
están locos, este departamento tiene custodia presidencial. No van a salir
vivos".
Después de comprobar que lo que decía
la mujer era cierto, los delincuentes escaparon sin robar nada.
La inseguridad en Recoleta, según
denuncian los vecinos, es una cuestión de todos los días. Anteayer, a metros
del edificio donde la Presidenta tiene los departamentos, una mujer fue sorprendida
cuando regresaba de misa. Los ladrones la obligaron a ingresar en su casa, la
maniataron y escaparon con cosas de valor.
Fuentes del Ministerio de
Seguridad dijeron que la información oficial sobre el tema sería brindada por
la Secretaría de Comunicación Pública, que conduce Alfredo Scoccimarro. Pero
hasta anoche no hubo respuesta en esa dependencia a la consulta de LA NACION
sobre el intento de robo.
DOS PISOS
En Recoleta
Dirección:Uruguay y
Juncal
Año de compra:1980 y 1999
Los dos departamentos de ese edificio figuran en las declaraciones juradas de
bienes de la Presidenta (incluso en la última), que solía vivir allí cuando era
legisladora nacional.
FOTO: Narco-prostìbulo Black en Ayacucho casi av Alvear.
El diario
Clarín publicó un artículo donde se señala que gracias a escuchas telefónicas
judiciales se descubre que los proxenetas hablan del pago de 4.000 dólares a jefes
policiales de la comisaría 17.
La tarifa por prostíbulo data de hace 13 años.
Si pensamos en la inflación y el repudio mediático como social contra este
corrupto e ilegal sistema de la explotación sexual, la trata y sus vínculos con
el narcotráfico es notorio que la tarifa de la coima se elevó.
Estamos hablando de mínimo 6.000 mil dólares para funcionar un prostíbulo en Recoleta.
La causa que se inició sobre 5 ex
comisarios, 4 ex subcomisarios y dos oficiales fue por 224 sobornos entre 1998 y
2000. Finalmente prescribió según el Tribunal Oral en lo Criminal 26. Los jueces son: Patricia Marcela Llerena, María R. Del Soccorro Lescano, y Manuel García Reynoso.
Si pensamos mensualmente la recaudación ilegal por los 43 prostíbulos en Recoleta, solo por las comisarías de la PFA (esto no incluye división de narcóticos y ni división trata de personas) llega a una recaudación por mes de 287.000 mil dólares, y al año 3.600.000 millones de dólares.
Queda claro porque el dueño del narco-prostíbulo Black, Alberto Fernández, es llevado en la comitiva oficial a Angola.
En 1999,
un hombre con problemas de desarrollo mental (cuando era chico su papá,
policía, le había pegado accidentalmente un balazo en la cabeza) radicó una
particular denuncia por fraude en la Comisaría 15a. de Retiro: dijo que había
contactado a un servicio matrimonial para conocer a alguna chica pero, luego de
concretada la cita, se le exigió que pagara una tarifa.
Ese
episodio dio pie a una de las causas más emblemáticas en lo que se refiere a la
relación entre prostíbulos y protección policial. El caso quedó a cargo del
fiscal José María Campagnoli y del juez Alberto Baños, y en él hay escuchas muy
comprometedoras en la que los proxenetas hablan del pago de coimas de hasta
4.000 dólares a policías de las comisarías 15a. y 17a. (Recoleta).
Luego de
decenas de idas y vueltas, archivos y nulidades finalmente, en septiembre de
2010, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
rechazó los últimos planteos de la defensa y dio el okey para que cinco ex
comisarios, cuatro ex subcomisarios y dos oficiales fueran juzgados en debate
oral por los delitos de “cohecho” (224 sobornos entre 1998 y 2000),
“encubrimiento agravado”, ”incumplimiento de los deberes de funcionario
público”, “omisión de persecución y represión de delincuentes” y “partícipes
necesarios de infracción a la ley 12.331 de profilaxis antivenérea”.
Por
entonces, el caso tuvo especial repercusión porque se descubrió, además, que
uno de los acusados –el ex subcomisario Miguel Angel Fausto Colombo– había sido
nombrado comisionado de la Policía Metropolitana cuando ya su procesamiento
estaba firme. Finalmente, Colombo tuvo que dejar esa fuerza.
Luego de
más de una década, la causa llegó a la etapa de debate y quedó a cargo del
Tribunal Oral en lo Criminal 26. Parecía que se convertiría en la excepción a
la regla. Pero no: el 30 de noviembre de 2011, los jueces de ese tribunal
declararon la prescripción del expediente con un argumento que pocos días
después fue apelado a Casación (donde sigue): dijeron que había pasado tanto
tiempo entre la acusación y el juicio, que a los policías se le habían violado
“las garantías de ser juzgados en un plazo razonable”.
Protección
a prostíbulos: Las mayores causas contra la policías quedan trabadas en la
Justicia
POR
VIRGINA MESSI
Por
nulidades, incompetencias o el paso del tiempo, las principales investigaciones
terminan en la nada. En 5 megacausas sobre el tema hubo unos 100 policías
imputados. Pero ninguna condena.
Sabían
que en tres boliches de su jurisdicción se regenteaban mujeres y no lo
denunciaron, aunque ése era su deber. Es más, de hecho encubrieron lo que
ocurría en esos lugares. Y lo hicieron fraguando actas de control, usando para
ello la identidad de personas que nunca supieron que figuraban como testigos en
esos documentos.
Esta es
la acusación con la que dos fiscales acaban de pedirle a la Justicia que
procese a cuatro policías de la Comisaría 38a., del barrio porteño de Flores.
Se trata de un comisario, dos subcomisarios y un subinspector que cumplieron
funciones en esa seccional entre fines de 2008 y 2009, momento en que se
detectaron las irregularidades.
Los
cuatro policías (actualmente ex policías) lograron que el pasado 31 de mayo la
jueza de Instrucción María Gabriela Lanz les dictara falta de mérito por los delitos
de “omisión de denuncia”, “encubrimiento” y “falsificación de instrumento
publico”.
La
resolución fue apelada por el fiscal de Instrucción Fernando Fiszer y Marcelo
Colombo, titular de la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de
personas (UFASE). Desde el 12 de junio, la cuestión está en estudio en la Sala
IV de la Cámara Nacional de Apelaciones, que citó a las partes recién para el
21 de agosto.
El caso
de la Comisaría 38a. parece seguir el mismo camino por el que ya se
desbarrancaron otros grandes expedientes que involucraban a policías federales
en el lucrativo negocio de la protección a prostíbulos.
A la hora
de investigar este tipo emblemático de corrupción policial, los números nunca
cierran: en al menos cinco megainvestigaciones, unos 100 policías fueron
imputados. Algunos terminaron afuera de la fuerza, pero muy pocos llegaron a
ser procesados y nadie fue condenado.
La causa
de la Comisaría 38a., que ahora quedó en manos de la Sala IV de la Cámara del
Crimen, está estrechamente relacionada, por ejemplo, con un importante
expediente en el que, por un trabajo de la UFASE, a principios del año pasado
quedaron bajo la mira 90 policías de 12 comisarías distintas de la Capital.
Esa
denuncia, cuya investigación quedó a cargo de la jueza federal María Romilda
Servini de Cubría, en su momento le costó el puesto a varios jefes policiales (había
6 comisarios y 15 subcomisarios imputados). Cuando el caso fue hecho público
por Clarín –en su edición del 20 de marzo de 2011– la ministra de Seguridad de
la Nación, Nilda Garré, decidió pasarlos a disponibilidad. Pero la cosa quedó
allí, puertas adentro. La acusación formal contra los policías (fraguar sistemáticamente
actas de control para encubrir prostíbulos) nunca tomó impulso. Aunque ya pasó
más de un año, la investigación sigue “en trámite”. Se notificó a los imputados
de la acusación en su contra, y ellos están haciendo sus descargos.
Fue a
este megaexpediente al que terminó anexada la explosiva denuncia de Lorena
Martins contra su padre, el ex agente de la SIDE Raul Martins, señalado desde
hace décadas como uno de los dueños del sexo vip en la ciudad.
“Siempre
digo que son socios (la Policía y su padre), porque uno es el que comete el
delito y el otro es el que recibe el dinero para hacer caso omiso, como si no
viera nada”, le dijo Lorena Martins a Clarín, el 15 de enero pasado.
Al menos
uno de los comisarios implicados en su denuncia pidió el pase a retiro y se fue
de la fuerza. Pero a nivel judicial no pasó nada de nada. La causa fue
“archivada” por Servini de Cubría y actualmente se encuentra en la Cámara
Federal, ya que fue apelada por el fiscal Marcelo Delgado el pasado 2 de mayo.
En los
últimos tiempos, Martins incluso logró sacarse de encima uno de los expedientes
más graves que había en su contra, y que amenazaba con mandarlo preso por
proxeneta. Luego de dar vueltas durante 10 años por tribunales, en abril de
2011 el ex agente de inteligencia quedó libre de culpa luego de que el Tribunal
Oral en lo Criminal 6 –a cargo del juicio– anulara todo al considerar que una
de las primeras intervenciones telefónicas de la causa no había sido
debidamente fundamentada.
Por
nulidades, incompetencias de jurisdicción o el simple paso del tiempo , las
investigaciones judiciales contra el poderoso y millonario negocio del sexo
–complicidad policial incluida– pocas veces llegan a buen puerto.
Un último
ejemplo reciente: el 15 de junio pasado, el
fiscal Delgado le pidió al juez federal Sergio Torres que citara a declaración
indagatoria a policías de las comisarías 1a., 19a., 25a. y 40a.,
acusándolos de proteger prostíbulos, argumentando que allí las mujeres eran
víctimas de trata , por su extremo grado de vulnerabilidad . Durante uno de los
allanamientos del caso se descubrió incluso que en uno de los departamentos
investigados (en el barrio de Recoleta) estaban anotados en las paredes los
números celulares de los móviles de la comisaría .
El juez
Torres resolvió el 12 de julio. No abrió juicio sobre la responsabilidad
policial pero, como consideró que no se estaba frente a un caso de trata, se
declaró incompetente y pasó todo a la Justicia Penal Ordinaria. El fiscal
apeló, la causa pasó a la Cámara, y así otro expediente comenzó a viajar de
despacho en despacho. Un viaje que suele durar años, y terminar en la mismísima
nada.
A la hora
de acusar a los policías de proteger prostíbulos, la Justicia ha utilizado
diferentes figuras penales, dependiendo de si los consideraron partícipes
necesarios del delito (en pocos casos) o prestaron alguna colaboración para que
se concretara, por acción u omisión. Por ejemplo, el artículo 265 fija penas de
hasta 6 años de prisión al funcionario público que se interesara en cualquier
“operación que intervenga por razón de su cargo”. La figura más usada, aunque
difícil de probar, es la de cohecho (hasta 6 años de prisión). Otro delitos que
se les suele imputar son “encubrimiento”, “incumplimiento de los deberes”
(ambos con hasta 2 años de prisión) o “falsificación de instrumento público”
(hasta 6 años).
El miércoles 15 de agosto a las 18.00 hs, en el Salón Dorado de la Legislatura porteña (Perú 160), se realizará una impactante charla-debate sobre trata de personas y trabajo esclavo en la Ciudad.La actividad empieza con cámaras ocultas a narco-prostíbulos en Recoleta y talleres clandestinos que producen para la marca Cheeky y Awada.
En
la actividad se ofrecerán cifras, testimonios y nombres de conocidas
personalidades involucradas en estos delitos.
Particular interés tendrá para la opinión pública la
proyección de inéditos videos grabados con cámaras ocultas. Las crudas imágenes
muestran las redes de narco-prostíbulos disfrazados de bares como el de Raúl
Martins, el tráfico de personas menores de edad, la clientela de funcionarios
políticos y la complicidad con la industria de la esclavitud sexual del propio
Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri. También habrá imágenes de la
cruel esclavitud laboral en talleres clandestinos, que trabajan por ejemplo
para la firma Cheeky, empresa de la familia Awada, la esposa de Macri.
El panel organizado por el diputado del MST en Proyecto
Sur, Alejandro Bodart, estará integrado por Gustavo Vera de la Fundación
Alameda; Andrea Romero de la Fundación María de los Ángeles (causa Marita
Verón); Vilma Ripoll, diputada de la Ciudad (mc); y Lucas Schaerer, periodista
e investigador. Coordinará el periodista Herman Schiller.